Firma de resolución administrativa fuera de plazo, en la provincia de Madrid (28229)

Entiendo que su problema puede ser resuelto utilizando el recurso correspondiente.
El principio de intervención mínima entiendo que impide clasificar la conducta del funcionario como delictiva.

El problema que plantea es si puede la Administración reaccionar contra la producción del silencio administrativo positivo
El artículo 62.1 de la Ley 30/92, dice que “Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquie¬ren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
La Administración cuando se ve obligada a ad¬mitir la producción de un acto por silencio positivo no puede dictar una resolución contra¬ria al mismo, pero si considera que es contrario al ordenamiento y las facultades o derechos se obtienen careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición, dispone, como dice la jurisprudencia (por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, nº 546/2007 de 8 de octubre de 2007), puede invocar el referido artículo 62.1.f) que “recoge precisamente un título habilitador para impugnar o revisar lo concedi¬do por silencio administrativo en el supuesto de que el acto incurra en nulidad por haberse otorgado facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisi¬ción”. En consecuencia, en modo alguno la Administración, en palabras de dicha sentencia, está impedida de proceder a la revisión de lo obtenido por el administrado por silencio a través de alguno de los procedimientos de revisión de oficio que regulan los artículos 102 y siguientes de la ley 30/1922”
La anterior doctrina apoya la fundamentación de que producido el silencio, y ahora en mayor medida tras la aprobación de la nueva regulación de ese instituto tras la modificación efectuada por la Ley 25/2009 (Ley Omnibus), a la Administración no le queda otra opción que proceder a reconocer su estimación, certificarlo y ordenar su cumplimiento. Sin perjuicio de que si considera que el acto presunto incurre en nulidad pueda instar la revisión de ofi¬cio. Y si esa apreciación de nulidad se produce, es conveniente que la Administración de que se trate inste la revisión de oficio cuanto antes, pues si se mantiene inmóvil y espera a que el interesado acuda al Juzgado puede recibir, probablemente una respuesta similar a la que da la sentencia a la que me refiero (y otras similares): “esta Sala no entra a valorar la legalidad o corrección jurídica del contenido del acto presunto, cuestión que es ajena al presente recurso de apelación. Es sabido que el si¬lencio positivo se produce con abstracción de la corrección jurídica del acto, deteniéndose por tanto la valoración de la Sala en la afirmación de que los efectos del silencio se han producido, es decir, en la existencia de un acto de contenido positivo en el presente caso, que ha puesto fin al procedimiento”.
Es necesario tener en cuenta que, aunque el art. 102 de la Ley 30/1992 LRJAP dice que “Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el art. 62.1” de la misma Ley, esa declaración sólo pueden hacerla “ previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma”.

Buenos días,

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